En un mundo que se mueve hacia la construcción de sociedades más justas e inclusivas, las empresas tienen un papel […]
En un mundo que se mueve hacia la construcción de sociedades más justas e inclusivas, las empresas tienen un papel fundamental que desempeñar. La contratación de personas con discapacidad no solo es un acto de responsabilidad social, sino que también aporta numerosos beneficios a las organizaciones que lo implementan como parte de su cultura y estrategia.
Más allá de los beneficios fiscales para las empresas
Las empresas, como actores relevantes en la sociedad, tienen la responsabilidad de promover la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tal como se debería ver reflejado en su Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión y Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Esto no solo se traduce en un deber ético o legal, sino que también representa una oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas y contribuir al desarrollo sostenible.
Promover la igualdad y un entorno laboral inclusivo
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las personas con discapacidad representan un 7% de la población mundial, lo que significa un enorme potencial de talento. La inclusión de este colectivo en el mercado laboral no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que también enriquece a las empresas con nuevas perspectivas, habilidades y experiencias, fomentando un entorno de sensibilización y respeto hacia la diversidad.
Contratación de trabajadores con discapacidad en España
En España, existen una serie de ayudas, subvenciones y incentivos fiscales para las empresas que deciden contratar a personas con discapacidad. Aunque, al margen de la contratación voluntaria, existen también ciertas obligaciones establecidas según la Ley General de Discapacidad (LGD)
Veámos cuales son los beneficios y obligaciones de las empresas:
Beneficios para las empresas que contratan a personas con discapacidad en España
Bonificaciones en la Seguridad Social
Actualmente, existen diferentes bonificaciones y reducciones a la contratación de personas con capacidad en España. Dichas bonificaciones varian según el tipo de contrato, el grado de discapacidad y la edad de la persona contratada.
Los contratos de duración indefinida se les aplica, mientras dure la relación contractual, una bonificación anual entre 4.500€ y 5.700€, según el género y la edad del trabajador. En cuanto a las personas con discapacidad severa (personas con una discapacidad mental de al menos el 33%, o discapacidad física o sensorial superior al 65%), corresponden también según el género y la edad, entre 5.100€ y 6.300€ anuales.
Existen también bonificaciones que aplican a los siguientes colectivos:
● La contratación de personas con discapacidad intelectual límite.
● La contratación temporal de personas con discapacidad.
● Los contratos formativos celebrados con personas de este colectivo.
● La contratación a través de un Centro Especial de Empleo (con una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales).
● La conversión de contratos temporales, en prácticas o en formación.
● La contratación de una persona con discapacidad desempleada en calidad de sustitución.
Deducciones en el Impuesto de Sociedades
Las empresas del sector privado disponen según el artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de una deducción en el pago del Impuesto correspondiente a:
● 9.000€ por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%.
● 12.000€ por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65%
Ayudas a la contratación de personas con discapacidad
La adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protección personal es otra de las ayudas y subvenciones que reciben las empresas al contratar una persona con discapacidad. Se establecen hasta 901,52€.
Obligaciones para las empresas en España en relación a las personas con discapacidad
En España, las empresas públicas o privadas con una plantilla de 50 o más trabajadores están obligadas que de entre ellos al menos el 2% sean personas trabajadoras con discapacidad, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas. Algunas opciones alternativas serían por ejemplo la contratación de trabajadores autónomos con discapacidad o las donaciones o acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de inserción laboral.
Además, respecto al sector público, se establece un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad. El 2% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad intelectual y el resto, para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Conclusión
En definitiva, la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral no solo es un imperativo ético y legal, sino que también representa una oportunidad única para las empresas de mejorar su competitividad, responsabilidad social e imagen pública. Es hora de que las empresas asuman un papel activo en la creación de una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades para desarrollar su potencial y contribuir al progreso colectivo